La financiación irregular de los partidos es uno de los principales agujeros negros del sistema democrático español. Todos los años el Tribunal de Cuentas les tira de las orejas
No puede decirse que la financiación de los partidos políticos españoles haga vibrar a la ciudadanía. Ni siquiera ahora, con el último dictamen del Tribunal de Cuentas aún caliente. Quizá porque se intuye que lo mollar de verdad es justo lo que sucede a oscuras, aquello que no aflora hasta que es materia penal. Hoy las entretelas del PP en el caso Gürtel ofrecen titulares gruesos, y caldean también los informativos las trapisondas de Unión Mallorquina o el 'affaire' Palau-Millet en Cataluña. Pero, que levante la mano el partido libre de mancha. Muy pocos. Ahí están las hemerotecas. En los 90 muchas siglas quedaron con las vergüenzas al aire: Filesa (PSOE), Naseiro (PP), el caso 'Casinos' (CiU) o el 'tragaperras' (PNV), por citar los más sonados. «Si arañas un poco, en un gran número de casos de corrupción acaba apareciendo la financiación de algún partido político», sentencia Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia. La constatación cada cierto tiempo de que existen cajas 'b' o incluso 'c', revela uno de los grandes agujeros negros del sistema democrático español y abona el descrédito de la clase política. Hay mucho dinero público en juego (en 2006 unos 193 millones de euros sólo en subvenciones directas) y menos garantías de las debidas.
Llamar a los gabinetes de prensa de los partidos resulta revelador. Se menciona 'financiación' y se hace un silencio espeso al otro lado del teléfono. En el PNV el hermetismo es tradición. «No ahora, de siempre nosotros no hablamos de este tema», comenta un portavoz. Otros modulan el tono pero con igual mensaje. «No tenemos más información que la que ofrece el Tribunal de Cuentas en su página web», dice un amable joven en el PP. Hay quien da la callada por respuesta y que el impertinente se canse, caso de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). En el PSOE, el jefe de prensa sugiere al periodista que se busque la vida. Los ingresos y gastos, las deudas… la 'pela', en suma, es el santo grial en todas las sedes y ni con recomendación se puede penetrar ese arcano. La Fundación Alternativas, una de la 'fábricas' ideológicas del PSOE, dedicó en 2007 y en 2008 sendos informes a la corrupción. Su director, el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, no logró que su partido atendiera siquiera al experto contratado para el estudio.
El propio Tribunal de Cuentas pasa apuros para recabar la información precisa. El principal órgano fiscalizador del dinero público acaba de remitir al Parlamento la radiografía de las finanzas de los partidos en 2006. Ninguna de las formaciones escrutadas -17 del Congreso y 14 en las asambleas autonómicas- cumple como es debido. Faltan datos sobre los ingresos y gastos de las sedes locales y, sobre todo, de las subvenciones de los parlamentos regionales y ayuntamientos, que sumaron 123 millones de euros en 2006, el 64% de los recursos públicos para funcionamiento ordinario.
Donaciones anónimas
También se dejan fuera las cifras de los grupos en la Eurocámara, aunque los partidos son «una única realidad económico-financiera», dice el Tribunal. Hay reparto de culpas y nadie sale indemne. Se critica de manera general la «falta de integración» de los estados contables y la oscuridad de las donaciones anónimas, aunque en 2006 todavía eran legales. De los 10,6 millones de euros en entregas privadas al conjunto de los partidos, el 90% (9,1 millones) fueron anónimas y se ignora si superaron la cuantía máxima permitida entonces, 60.000 euros por donante. Entre los partidos grandes, el PP fue el campeón de las dádivas sin nombre, 3,1 millones de euros, frente a los 558.000 del PSOE. Los casi 6 millones restantes se los repartieron entre el PNV y los dos socios de Convergencia i Unió. Este último arrastra una fama problemática y este año el Tribunal le endosa una hermosa multa de 271.800 euros por aceptar una donación ilegal. Está por ver que el Ministerio de Interior ejecute la sanción. La falta de un reglamento claro ha dejado otras veces las multas en el limbo. Los dardos del Tribunal alcanzan a EA y al PSOE por créditos bancarios cancelados de manera confusa. El fiscalizador recuerda al PSOE que «la condonación de intereses» disminuye la deuda y proporciona «mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente» en la ley vigente en 2006. Opacidad, descontrol en el ámbito municipal -el más expuesto a la corrupción-, donaciones sin padre conocido, créditos perdonados por bancos que embargan al ciudadano por pufos menores, el nebuloso papel de las fundaciones… Son los mismos déficits del sistema español criticados en 2009 por el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa. España no pasó la prueba del algodón. Los auditores denunciaron «un número significativo de irregularidades y malas prácticas».
Instrumento de participación
Frente al modelo anglosajón de patrocinio privado, en Europa se prefiere el modelo mixto. En Alemania los partidos reciben de las administraciones el mismo dinero que sean capaces de conseguir por su cuenta.
Ariño aboga por esta vía. «El dinero público no debiera superar nunca el 50% de los ingresos totales de los partidos», recalca. También propone restringir la subida anual de las subvenciones estatales, autonómicas o locales, y poner tope a las aportaciones para las campañas electorales, que se distribuirían según la representación obtenida en los comicios anteriores.
La última Ley de Financiación de Partidos Políticos se aprobó en 2007. Con el voto en contra del PP, el Congreso aprobó modificaciones «miopes», afirma Jiménez. Ariño habla de «simulacro de reforma». La nueva norma erradica las entregas anónimas de dinero. A cambio de iluminar las dádivas, se amplió el límite de donación por persona física o jurídica; 100.000 euros al año en el caso de los partidos, y 150.000 para las fundaciones vinculadas a éstos.
El Tribunal de Cuentas seguirá sin tener capacidad de sanción directa y ejecutiva. Su dictamen se propone a las Cortes y son éstas las que aprueban sus conclusiones. «Hay que darle mayores facultades y despolitizarlo», remacha Ariño.
Los problemas, en suma, siguen ahí y alimentan «una bomba de relojería en cuanto a legitimidad del sistema democrático», dictamina Fernando Jiménez.
