La turbia financiación de partidos políticos en España

La financiación irregular de los partidos es uno de los principales agujeros negros del sistema democrático español. Todos los años el Tribunal de Cuentas les tira de las orejas

No puede decirse que la financiación de los partidos políticos españoles haga vibrar a la ciudadanía. Ni siquiera ahora, con el último dictamen del Tribunal de Cuentas aún caliente. Quizá porque se intuye que lo mollar de verdad es justo lo que sucede a oscuras, aquello que no aflora hasta que es materia penal. Hoy las entretelas del PP en el caso Gürtel ofrecen titulares gruesos, y caldean también los informativos las trapisondas de Unión Mallorquina o el 'affaire' Palau-Millet en Cataluña. Pero, que levante la mano el partido libre de mancha. Muy pocos. Ahí están las hemerotecas. En los 90 muchas siglas quedaron con las vergüenzas al aire: Filesa (PSOE), Naseiro (PP), el caso 'Casinos' (CiU) o el 'tragaperras' (PNV), por citar los más sonados. «Si arañas un poco, en un gran número de casos de corrupción acaba apareciendo la financiación de algún partido político», sentencia Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia. La constatación cada cierto tiempo de que existen cajas 'b' o incluso 'c', revela uno de los grandes agujeros negros del sistema democrático español y abona el descrédito de la clase política. Hay mucho dinero público en juego (en 2006 unos 193 millones de euros sólo en subvenciones directas) y menos garantías de las debidas.

Llamar a los gabinetes de prensa de los partidos resulta revelador. Se menciona 'financiación' y se hace un silencio espeso al otro lado del teléfono. En el PNV el hermetismo es tradición. «No ahora, de siempre nosotros no hablamos de este tema», comenta un portavoz. Otros modulan el tono pero con igual mensaje. «No tenemos más información que la que ofrece el Tribunal de Cuentas en su página web», dice un amable joven en el PP. Hay quien da la callada por respuesta y que el impertinente se canse, caso de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). En el PSOE, el jefe de prensa sugiere al periodista que se busque la vida. Los ingresos y gastos, las deudas… la 'pela', en suma, es el santo grial en todas las sedes y ni con recomendación se puede penetrar ese arcano. La Fundación Alternativas, una de la 'fábricas' ideológicas del PSOE, dedicó en 2007 y en 2008 sendos informes a la corrupción. Su director, el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, no logró que su partido atendiera siquiera al experto contratado para el estudio.

El propio Tribunal de Cuentas pasa apuros para recabar la información precisa. El principal órgano fiscalizador del dinero público acaba de remitir al Parlamento la radiografía de las finanzas de los partidos en 2006. Ninguna de las formaciones escrutadas -17 del Congreso y 14 en las asambleas autonómicas- cumple como es debido. Faltan datos sobre los ingresos y gastos de las sedes locales y, sobre todo, de las subvenciones de los parlamentos regionales y ayuntamientos, que sumaron 123 millones de euros en 2006, el 64% de los recursos públicos para funcionamiento ordinario.

Donaciones anónimas

También se dejan fuera las cifras de los grupos en la Eurocámara, aunque los partidos son «una única realidad económico-financiera», dice el Tribunal. Hay reparto de culpas y nadie sale indemne. Se critica de manera general la «falta de integración» de los estados contables y la oscuridad de las donaciones anónimas, aunque en 2006 todavía eran legales. De los 10,6 millones de euros en entregas privadas al conjunto de los partidos, el 90% (9,1 millones) fueron anónimas y se ignora si superaron la cuantía máxima permitida entonces, 60.000 euros por donante. Entre los partidos grandes, el PP fue el campeón de las dádivas sin nombre, 3,1 millones de euros, frente a los 558.000 del PSOE. Los casi 6 millones restantes se los repartieron entre el PNV y los dos socios de Convergencia i Unió. Este último arrastra una fama problemática y este año el Tribunal le endosa una hermosa multa de 271.800 euros por aceptar una donación ilegal. Está por ver que el Ministerio de Interior ejecute la sanción. La falta de un reglamento claro ha dejado otras veces las multas en el limbo. Los dardos del Tribunal alcanzan a EA y al PSOE por créditos bancarios cancelados de manera confusa. El fiscalizador recuerda al PSOE que «la condonación de intereses» disminuye la deuda y proporciona «mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente» en la ley vigente en 2006. Opacidad, descontrol en el ámbito municipal -el más expuesto a la corrupción-, donaciones sin padre conocido, créditos perdonados por bancos que embargan al ciudadano por pufos menores, el nebuloso papel de las fundaciones… Son los mismos déficits del sistema español criticados en 2009 por el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa. España no pasó la prueba del algodón. Los auditores denunciaron «un número significativo de irregularidades y malas prácticas».

Instrumento de participación

Frente al modelo anglosajón de patrocinio privado, en Europa se prefiere el modelo mixto. En Alemania los partidos reciben de las administraciones el mismo dinero que sean capaces de conseguir por su cuenta.

Ariño aboga por esta vía. «El dinero público no debiera superar nunca el 50% de los ingresos totales de los partidos», recalca. También propone restringir la subida anual de las subvenciones estatales, autonómicas o locales, y poner tope a las aportaciones para las campañas electorales, que se distribuirían según la representación obtenida en los comicios anteriores.
La última Ley de Financiación de Partidos Políticos se aprobó en 2007. Con el voto en contra del PP, el Congreso aprobó modificaciones «miopes», afirma Jiménez. Ariño habla de «simulacro de reforma». La nueva norma erradica las entregas anónimas de dinero. A cambio de iluminar las dádivas, se amplió el límite de donación por persona física o jurídica; 100.000 euros al año en el caso de los partidos, y 150.000 para las fundaciones vinculadas a éstos.
El Tribunal de Cuentas seguirá sin tener capacidad de sanción directa y ejecutiva. Su dictamen se propone a las Cortes y son éstas las que aprueban sus conclusiones. «Hay que darle mayores facultades y despolitizarlo», remacha Ariño.
Los problemas, en suma, siguen ahí y alimentan «una bomba de relojería en cuanto a legitimidad del sistema democrático», dictamina Fernando Jiménez.

fuente: la verdad.es

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Jaume Matas. Episodios de un escándalo que activó el 'caso Palma Arena'

Aquí os dejamos unas pinceladas elaboradas por A,Manresa ( El Pais ) sobre el caso que tiene en los juzgados al Ex Ministro de Jose Maria Aznar , Jaume Matas.
Para nosotros una clara muestra de lo fácil que es enriquecerse siendo político .

A.Manresa. Fuente El Pais

La investigación de la obra del polideportivo Palma Arena, que triplicó su presupuesto hasta 110 millones, se inició en 2009 gracias a una denuncia del Gobierno balear. Como consecuencia de la investigación se detuvo al concejal y portavoz del PP de Palma, Rafael Durán; al ex director general balear de Deportes José Luis (Pepote) Ballester; al gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, al publicista Miguel Romero. de Nimbus, y a otros empresarios. Antes de esa operación, las sospechas sobre el ex presidente Jaume Matas ya estaban vivas.

Denuncia anónima. Octubre de 2008. La Fiscalía abre diligencias informativas tras las denuncias anónimas sobre el supuesto cohecho y manejo de dinero b en la compra y decoración del piso palacio de Jaume Matas en Palma de Mallorca y otras dos viviendas que usa en Madrid y en Sa Colònia, en Mallorca. En julio de 2009, el fiscal jefe de Baleares y el Fiscal General bloquean la investigación de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, que habían articulado una denuncia contra Matas por cohecho impropio.

- Caso Palma Arena. Agosto de 2009. Se destapa la presunta financiación ilegal de la campaña del PP con Matas de candidato en 2007, que fue detectada por la policía en los registros a Nimbus, la agencia de publicidad del Palma Arena y del PP, que guardaba notas llamadas producciones B. El ex gerente del PP balear Fernando Areal abonó 71.058 euros en dinero negro a la agencia Nimbus, que recibió 2,4 millones de contratos del Gobierno de Matas.

- Delito fiscal. Septiembre de 2009. La Agencia Tributaria señala "indicios razonables" de posible delito fiscal de Matas por "incremento patrimonial no justificado". Matas compró su piso-palacio de Palma por un millón y se valora en 2,47 millones.

- Confesión de proveedores. 2009 y 2010. Ante el juez, proveedores de la casa de Matas confesaron que cobraron en dinero b una parte de sus trabajos: el albañil, 64.000 euros; el electricista, 50.000; el pintor, 20.000, y el aparejador, 55.000. Se pagaron del mismo modo muebles (por 55.000 euros); la cocina, (35.000), y televisiones (40.000 euros). La esposa de Matas adquirió joyas por 66.000 euros en efectivo. El albañil Serra Cladera, que hizo obras en la sede del PP y en el piso de Matas dijo al juez que cobró 34.000 euros en billetes de manos del gerente del PP y de Matas.

Fuente : El Pais.

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Burgos: 1,2 millones de € en puestos de libre designacion

Los cargos de libre designación cuestan al Consistorio más de 1,2 millones al año
Los sindicatos se muestran muy críticos tanto con la «designación a dedo» de 19 empleados municipales como con las retribuciones que perciben. El salario de estos trabajadores supera los 60.000 euros brutos al año en muchos casos

La negociación de los convenios de los trabajadores funcionarios y laborales del Ayuntamiento de Burgos ha puesto en boca de los representantes sindicales un argumento que tradicionalmente usaban los políticos para censurarse mutuamente la gestión del personal. Durante la reciente ruptura de las conversaciones entre Personal y el comité de empresa de los laborales (trabajan para el municipio pero no tienen condición de funcionarios), los sindicatos acusaron al Ejecutivo local de mostrarse huraño con ellos pero muy generoso con los cargos de libre designación.

«Si alguien tiene derecho a sentirse indignado hasta el insulto son los trabajadores municipales, que son quienes más han perdido en estos años de falsas negociaciones, de recompensas para unos pocos, de millonarios puestos de libre designación...». Esas fueron las palabras de Rubén de la Peña, presidente del comité de empresa, el pasado 24 de febrero.

La cuestión es que tras años de ser utilizado como arma arrojadiza, el argumento nunca ha sido cuantificado públicamente. La pregunta es cuántos cargos de libre designación hay y cuánto le cuestan al Ayuntamiento. Tomando como referencia la última relación de puestos de trabajo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el pasado miércoles, y realizando un complejo cálculo que implica computar la categoría de cada uno de estos trabajadores, sumar salarios base, complementos específicos, ayudas de vacaciones, pago de productividad, complemento de destino y otros conceptos, la cuenta asciende a más de 1,2 millones de euros.

Los sindicatos presentes en las mesas de negociación y preguntados por este asunto aseguran que «la cifra es mucho más alta», al igual que lo considera el concejal socialista Antonio Fernández Santos, que llevó esta cartera durante la legislatura de Olivares.

¿Quiénes son?

En la relación aparecen especificados los cargos que se desempeñan bajo esta condición, que implica ser nombrado por el Ejecutivo que gobierna y estar expuesto a ser cesado cuando cambia el Gobierno, si bien no siempre se ha cumplido esa premisa. Algunos de ellos, además, son inevitables; es decir, se trata de trabajos que deben hacerse dentro de un Ayuntamiento, si bien «son plazas que podrían ocuparse perfectamente por concurso, y no por designación directa», añaden fuentes sindicales.
Es el caso de los ‘habilitados’, que requieren de haber superado una oposición estatal para poder desempeñar su cargo. El vicesecretario, el tesorero (actualmente vacante), el vicetesorero, el interventor y el viceinterventor están en este ‘cupo’. Se cuentan, además, entre los funcionarios mejor pagados de nuestro Ayuntamiento. Siguiendo en el ámbito orgánico de la administración, se puede añadir que en Secretaría General hay tres puestos de administrativo de libre designación, que se encuentran en el lado contrario, el de los que menos cobran dentro de quienes comparten esta condición.
El resto de puestos son los siguientes: gerente de Servicios Sociales, jefe de Servicio de Personal, letrado consistorial jefe, jefe del Servicio de Licencias, jefe del Área de Emergencias (vacante), gerente de Fomento, jefe del departamento jurídico y del suelo de Fomento, jefe del departamento de Planeamiento de Fomento y jefe del departamento de Gestión de Fomento.

A la lista se suman los gerentes del Servicio de Accesibilidad y Transportes, de Instalaciones Deportivas y de Aguas. En total, su retribución supone un 1,8% de todo el capítulo presupuestario de Personal (68 millones) y representan al 1,3% de la plantilla (1.400). Para la responsable de Personal, Gema Conde, que se negó a aportar los datos aquí expuestos, esos porcentajes demuestran que «es un asunto poco significativo con respecto a la totalidad de la plantilla».

Además, Conde considera que se trata de personas que «tienen una responsabilidad enorme» y se pregunta si «es que en otras administraciones no existen y no cobran más que en el Ayuntamiento». Fernández Santos, por su parte, respalda la existencia de aquellos que «están en la cúspide, que es lo que dicen las sentencias judiciales que conocemos al respecto», pero no aquellos que no están asignados a puestos de gerencia o máxima responsabilidad.

Para los responsables sindicales, que prefieren no ponerse nombre y apellido para hablar de esta cuestión, «son cargos nombrados a dedo para que hagan su trabajo como los políticos quieren que lo hagan».

La cuestión a valorar llegados a este punto es que hay varios de esos trabajadores que se han mantenido en su cargo a pesar de los cambios de Gobierno y de alcaldes. Fueron debidamente ratificados y la mutación del color político de Alcaldía no implicó su cese. Para otros sí.

Fuente: diario de burgos

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¿ Están cómodos los partidos políticos entre los casos de corrupción?

800 imputados por corrupción en España
Más de 4.000 millones de euros han sido sustraídos en 28 casos en la última década
Canarias, Baleares, Valencia y Cataluña acaparan los principales escándalos urbanísticos de los últimos meses.

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.
La corrupción ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros, según publicó ayer El Mundo.

Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella de 1999, donde se defraudaron 25 millones de euros, y uno de sus principales imputados, José Antonio Roca, fue condenado a seis años y 10 meses de cárcel.

Y en el reciente caso Pretoria, en el municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Este caso se saldó con la detención de nueve personas, entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Otro de los principales focos de corrupción los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos. Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como trama eólica, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado caso Faycán, que afecta al municipio de Telde.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es Gürtel, en la que presuntamente se defraudaron unos 40 millones de euros. La trama, presuntamente liderada por Francisco Correa, Pablo Crespo o Alvaro Pérez, El Bigotes, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. En Madrid, Gürtel ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

"Caso Guateque", en Madrid Sin embargo, en Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso Guateque, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales, en la cual están imputadas cerca de un centenar de personas.

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70. La imputación de Matas está relacionada con el caso Palma Arena que investiga el fraude de 62 millones de euros en la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso Can Domenge, en el que el Consell de Mallorca dejó de ingresar 30 millones de euros al vender un solar valorado en 60. Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el caso Scala, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él.

En Cataluña, la operación Pretoria en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

FUENTE: Diario de Noticias

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La corrupción urbanística sigue saliendo a cuenta

Fuente: expansion.com. El urbanismo y la corrupción están indisolublemente unidos y en España es algo todavía generalizado. Sobre todo en el entorno del Gobierno local, la ordenación del territorio sigue siendo un foco de corrupción permanente, lo que hace perder la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede luchar contra este tipo de delicuencia? Hay instrumentos legales suficientes, pero seguirá habiendo delitos mientras no se persigan lo necesario y cometerlos siga siendo rentable para el infractor.

El TSJ de Cantabria anuló el 4 de abril de 2007 el plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizó a la empresa Fadesa a construir 500 viviendas en el Alto del Cuco, en grandes desmontes que han transformado su ladera sur. En la imagen, vista general de la urbanización situada a unos 15 kilómetros de Santander. EFE/Esteban Cobo

Los Informes Globales de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional señalaban en 2005 que "ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción". El Informe Global sobre la corrupción en España de 2007, emitido también por esta institución, concluía que "la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes, contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas".

En estos últimos años, no obstante, la situación de la corrupción urbanística ha mejorado, según los índices de la ONG, y en 2009 los ayuntamientos españoles mejoraron sus indicadores de transparencia -79 de los 110 consistorios analizados superaron el aprobado frente a sólo 55 en 2008. Los consistorios mejoraron su transparencia en todas las áreas, incluso en la de urbanismo y obras públicas, donde la nota media ha aumentado en 22 puntos, hasta los 72,2 puntos en 2009, y el año pasado España se situó en el puesto 28 del Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI) tras caer seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.

La multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes

El motivo de esta variación se atribuye, sobre todo, a una menor percepción de la corrupción urbanística. Para el director de la ONG en España, Javier Lizcano, estos delitos “han aflorado” mucho más que años atrás gracias a ”la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”, señaló durante la última presentación del informe.
Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en esta área, señala que el 'boom' inmobiliario a raíz de la liberalización del suelo ha dado lugar a más supuestos de corrupción en el ámbito urbanístico. "El hecho de que haya existido un crecimiento desproporcionado de la construcción en nuestro país ha generado mucho dinero, una parte del cual ha acabado en los bolsillos de autoridades y funcionario públicos de la Administración local en forma de cohecho". Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis económica, "ha contribuido a que el crecimiento urbanístico se haya detenido, lo que sin duda afecta a unos menores índices de corrupción. En casos como éstos, el movimiento de dinero ilegal y con ello, la corrupción, suele desplazarse a otros ámbitos, pero aún es pronto para poder hacer un diagnóstico". Por otro lado, ha aumentado el nivel de persecución de estos supuestos y su repercusión mediática, lo que influye en la percepción de que existe más corrupción.

La clave, perseguir los delitos para poder aplicar la ley
Desde el caso de Marbella, en el que se terminó implicando a casi todos los estamentos del Ayuntamiento y "en el que un juez decidió ir a por todas" y empezó a "tirar de la manta" se ha intensificado la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio", afirma Pozuelo. "Desde Marbella ha habido un efecto dominó", señala la experta. "No es que haya ahora más corrupción, pero sí se persigue más, se da a conocer en los medios y por ello la opinión pública es cada vez más sensible al respecto".

Vista general del hotel El Algarrobico, en Carboneras, en el Cabo de Gata (Almería), tomada el pasado día 5 de abril de 2008. El Tribunal Supremo hizo prevalecer en una sentencia el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción. La obra, hoy día, sigue en pie. EFE/Pedro Almestre

Esto se suma a un avance significativo en la legislación sobre delitos urbanísticos y el mayor empeño de las autoridades públicas para perseguir las mafias del ladrillo, pero sigue habiendo carencias importantes, señala Pozuelo en su informe Urbanismo y Corrupción, que acaba de hacer público la UAM. La corrupción urbanística sigue favoreciendo el enriquecimiento fácil a quienes participan en él, tanto desde la esfera pública como privada. En la administración local, que cuenta con una gran autonomía en urbanismo, "tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, porque de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo con un enorme valor de mercado".

Para Pozuelo, el problema es que estos delitos siguen siendo rentables, sobre todo en el ámbito local, aunque hay tres instrumentos legislativos fundamentales que podrían reducir este tipo de delitos a su mínima expresión: perseguir los delitos de prevaricación y cohecho para sancionar tanto al funcionario como al promotor, elevar las multas y no dilatar en el tiempo las órdenes de demolición y comiso. "Es importante que el delito no salga a cuenta, que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura".

El estudio de esta experta señala que "a menudo, quien otorga las licencias y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio es la misma persona o son muy próximas, lo que abre la puerta a la corrupción". El resultado es la existencia de un enorme margen de impunidad. Y lo que es más grave, el lucrativo fenómeno de la corrupción está también vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos, por lo que cada vez que se destapa un caso de corrupción urbanística la confianza de los ciudadanos de los partidos y en las instituciones democráticas se tambalea.

La implicación de funcionarios suscita un profundo rechazo social

Además, la implicación de los funcionarios y cargos como alcaldes y ediles provoca un profundo rechazo social ya que son representantes públicos que deberían velar por el buen común, por eso la sociedad les condena más y "se carga" contra los que toman las decisiones: "Hay un sentimiento de mayor reproche al hecho de que quien se enriquezca ilícitamente sea un representante público más que el promotor infractor, por otra parte, tan culpable como el primero.

El problema de fondo es que la corrupción local es algo muy antiguo, lleva implícita una especie de resignación que se manifiesta en la expresión de "dar a dedo"... aunque las cosas están cambiando, de momento, sigue haciendo un escenario favorable al delito. Se sabe que 'de facto', se llega a incluir en el presupuesto para una determinada planificación urbanística qué cantidad de dinero se dedica a los sobornos, y quien quiere concurrir honradamente tiene menos oportunidades.

Es importante que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura

A ello se une que para los jueces, además de la ya de por sí complicada instrucción de los casos, es habitual que se den problemas probatorios tanto en los delitos de prevaricación como de cohecho, y también que la instrucción de los casos puede llegar a ser muy compleja. "En los casos en los que el dinero fluye por doquier y no hay transparencia, se crean empresas títere que hacen difícil probar que ha habido dádiva y las dificultades técnicas se suman a todo lo demás", señala Pozuelo.

¿Da respuesta la Justicia?

Es frecuente pensar que la respuesta del derecho administrativo es insuficiente para perseguir estos delitos porque la normativa es enrevesada, lo que dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita y se reducen las posibilidades de sanción, y además las administraciones públicas no cuentan con suficientes recursos preventivos y represivos. Algo, según Pozuelo, "no del todo cierto, puesto que la normativa sí es clara al describir qué comportamientos son punibles, aunque faltarían recursos materiales y humanos para gestionar los delitos, y además no parecen que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas", explica.

"Para responder de forma efectiva a este tipo de delincuencia no existen, en puridad, problemas legales, en el sentido de que deban crearse nuevos delitos o cambiar la respuesta jurídica; ahí están las diferentes formas de prevaricación administrativa y el delito de cohecho. El problema está en la insuficiente persecución de esas infracciones, que se explica porque hay muchos intereses en conflicto, en ocasiones incluso de alto nivel, pues el dinero procedente de la corrupción urbanística ha llegado a financiar ilegalmente partidos políticos", argumenta la profesora de la UAM.

"La norma no es laxa, pero no se aplica"
"La impunidad se explica porque no se persigue suficientemente los supuestos de delincuencia urbanística pese a contar con recursos suficientes para ello. La respuesta al problema no está en modificar la ley y en endurecerla: la solución está en la mayor persecución de esas infracciones. La normativa, siempre mejorable, no es laxa, el problema es que no se aplica. Sólo la certeza de la aplicación de la ley puede dar resultados en materia de prevención de delitos", sentencia.

Fotografía de archivo del 26 de noviembre de 2007 del chalé del abogado Núñez Arias, implicado en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana. Se registraron también las oficinas de los abogados de Núñez Arias. EFE/ Salvador Sas
"De hecho, los delitos contra la ordenación del territorio no constituyen el principal problema de la delincuencia urbanística: el núcleo se encuentra en los supuestos de aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias urbanísticas en contra de la normativa vigente y, por último, en el hecho de que prácticamente nunca se proceda a la demolición de las construcciones ilegales, bien porque no se llega a ordenar, bien porque se incumplan las órdenes de demolición. Para todos estos supuestos, los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho pueden dar una respuesta suficiente, sin olvidar la aplicación de la institución del comiso y el cumplimiento de las órdenes de demolición.

Junto a estos instrumentos estrictamente penales, aquellos con los que cuenta el Derecho administrativo también pueden resultar muy útiles: En primer lugar, el efectivo cumplimiento de lo establecido en el 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a los representantes locales a dar cuenta de su patrimonio antes de la toma de posesión del cargo y una vez finalizado su mandato. Si esto se controlara suficientemente, ayudaría mucho a evitar la corrupción urbanística".

El núcleo del problema: la aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias y la no demolición de las obras ilegales
La demolición y el comiso son útiles, pero lo más importante es tomarse en serio la aplicación de la ley. Además, "es muy importante sancionar al cargo público que ha cometido un delito de cohecho, porque como representante de la Administración tiene el deber de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Pero esto no quita importancia a la necesidad de sancionar al constructor que corrompe a la autoridad o funcionario o se deja corromper con él, pues es una pieza absolutamente esencial en la dinámica de la corrupción urbanística. Creo que es muy útil y muy necesario dirigir una respuesta penal a ambos". "Que se investigue y se inspeccione más", pide la experta, ya que disuadirá a los posibles infractores de cometer el delito".

Multas proporcionales, no máximas

Eso sí, Pozuelo cree que la norma todavía no es lo suficientemente eficiente en algunos puntos para evitar que estos delitos sigan "mereciendo la pena" a los infractores. "Es el caso del delito contenido en el art. 319 del Código penal, en el que se sanciona al promotor, constructor o técnico-director que construye o edifica ilegalmente en suelos de especial protección, y en el que la multa se configura conforme al sistema días-multa, lo que beneficia económicamente al infractor. Conforme a este sistema, el máximo a imponer sería una multa de 288.000 euros, lo que resulta ridículo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ganar con este tipo de delito. Es mucho más efectivo el sistema de multa proporcional, que obliga al pago de un múltiplo de las ganancias obtenidas; de este modo ya no resulta tan rentable la infracción.

El hecho de que la demolición de la construcción ilegal no se llegue a ordenar o bien, en caso de que sí haya orden de demolición, ésta no se cumpla, supone una especie de “regalo” al infractor. No pierde nada: existe la alta probabilidad de que no se sancione penalmente su conducta por falta de persecución y, en caso de que sí se haga, no perderá la obra construida, porque la probabilidad de que se produzca la demolición es mínima. "Por esta razón, tanto en este trabajo como, en especial, en uno publicado conjuntamente con otro penalista específicamente sobre la materia, propongo que si ya no resulta posible la demolición, se ha de producir el comiso. Esto significa que al infractor se le decomisarán las ganancias obtenidas con la construcción ilegal. En definitiva, hay dos alternativas: o hay demolición de la obra ilegal o hay comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas con ella", señala la experta en su compendio".

Tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance

Las empresas títere, estratagemas contra la inhabilitación
"Y en lo que se refiere al cumplimiento de la pena de inhabilitación, suele eludirse a través de la técnica de creación de empresas para cada construcción o edificación, que desaparecen una vez que éstas han terminado. Esos costes se eliminarían o al menos se atenuarían si el legislador optara el sistema de multa proporcional y la administración dedicara más medios materiales y humanos para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones penales".

Lo que resulta insostenible, en opinión de Pozuelo "es que el beneficio obtenido o que se vaya a obtener de la realización de un delito quede en manos de infractor, cuando esto no sucede en el resto de infracciones penales. Imaginemos a alguien que sustrae unos bienes ajenos y después los vende, ¿sería razonable que, al margen de la condena por un delito de hurto o de robo, se le permitiera al infractor quedarse con las ganancias obtenidas de la venta de los bienes sustraídos? Pues en el supuesto de los delitos contra la ordenación del territorio el esquema es el mismo: un sujeto sustrae de forma ilícita un aprovechamiento del suelo al construir en un lugar prohibido -suelo no urbanizable de especial protección".

"Si a continuación vende la construcción y obtiene con ello una ganancia", prosigue, "debemos dar exactamente la misma respuesta que al ladrón que vende el botín. Bajo ningún concepto puede admitirse que los beneficios que se deriven de una construcción ilegal, ya procedan de su venta, de su arrendamiento o de cualquier otra modalidad a través de la cual se genere dinero a favor del infractor, puedan enriquecer a quien atenta contra la ordenación del territorio". Por otra parte, es necesario "que no quede impune el incumplimiento de las órdenes de demolición y pueda ser sancionado por delito de desobediencia, pues la no demolición de las obras ilegales obstaculiza enormemente la lucha contra la delincuencia urbanística".

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Escuela para jóvenes políticos

Casi el 50 por ciento de los jóvenes españoles se encuentran en el paro, obligados a vivir en la incertidumbre y la angustia, sin horizonte, sin esperanza y sin posibilidad real alguna de vivir una vida autónoma y digna, sin poder crear su propia familia. La mayoría de ellos no hacen nada, salvo odiar al poder político inepto que les ha llevado al paro y vegetar desmoralizados, mientras disparan por Internet copias inútiles del curriculum. Pero otros pugnan por estudiar y por abrirse camino.

La realidad está demostrando a los jóvenes desesperados que existen sectores blindados ante la crisis, como el de los funcionarios y los políticos, que ahora viven mejor que nunca.

El número de los jóvenes que quieren incorporarse al Estado está aumentando de manera alarmante. Ya casi nadie quiere ser empresario porque la realidad demuestra que las empresas quiebran y que es mejor vivir del poder. Es la muerte de la cultura emprendedora y del tejido empresarial, pero el inicio de la "Edad de Oro" de la política y de los partidos en España.

En las presentes circunstancias, crear una escuela que imparta cursos acelerados para ser político es un negocio que tiene garantizado el éxito y la rentabilidad.

Ni siquiera hay problema para encontrar profesores, pues muchos de los políticos actuales tienen todo el tiempo libre del mundo para convertirse en buenos profesores por las tardes y preparar a nuevas oleadas de militantes que nutran a los partidos políticos. No suelen despreciar un sobresueldo.

La ideología tampoco será un problema porque lo importante es aprender los métodos y los trucos que sirven para escalar puestos en los partidos y llegar pronto a un cargo local o comarcal que permita empezar a cobrar del presupuesto.

La escuela deberá enseñar a reprimir la rebeldía, a someterse al lider, a convivir con la corrupción, a ser leal al partido por encima de cualquier otro valor, a renunciar al debate, a decir "Sí" de manera convincente, a defender siempre las tesis oficiales, a doblar sin traumas el espinazo, a pegar carteles a alta velocidad y a dominar el arte del peloteo y la lisonja, sin que resulte burdo, a mentir, a hablar en público, a llorar en los funerales, a utilizar palabras mágicas como "progreso", "democracia", "derechos", "innovación", "libertad" y "estamos trabajando", entre otras.

Recibirán clases especiales para comportarse y saber sonreir ante las cámaras, manipular a la audiencia y comprar a periodistas.

El "núcleo" del programa y la asignatura más difícil será la enseñanza de la mentira y el engaño, imprescindibles para poder integrarse con "exito" en "la casta".

El nombre de la institución de enseñanza para políticos deberá ser atractivo y barroco, algo así como "Escuela de altos estudios políticos" y, como subtitulo, "Aula de la democracia y la libertad".

Se les puede garantizar a los alumnos prácticas en el PP y en el PSOE y una colocación casi instantánea, gracias a su preparación competitiva para dominar las agrupaciones y empezar ganando votaciones.

En fin, un negocio próspero y muy apetitoso para tiempos de crisis.

Fuente: Votoenblanco.com.

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PSOE y PP pactan no hacer sangre con los casos de corrupción

Fuente : Tiempo.

Los dos principales partidos políticos españoles, PSOE y PP, han decidido darse una tregua y no utilizar los casos de corrupción como arma arrojadiza, al tiempo que han encargado a algunos de sus cargos públicos la elaboración de un acuerdo formal sobre cómo evitar nuevos escándalos.

Tiempo Según publica esta semana el semanario TIEMPO, este pacto secreto ha sido fruto del convencimiento de ambas formaciones políticas de que las luchas con casos de corrupción de por medio no les aportan votos.

La información de TIEMPO revela, en este sentido, que los sondeos internos que manejan los aparatos de ambos partidos señalan que los escándalos de corrupción lo único que hacen es incrementar el desencanto de los ciudadanos y, como consecuencia de ello, fomentar la abstención de sus votantes presuntamente fieles, cosa que ninguno de ellos puede permitirse en las próximas citas electorales de 2011 y 2012.

Mientras, las dos formaciones políticas han puesto a trabajar a cargos menos conocidos públicamente en la elaboración de un acuerdo que tome como base las 50 propuestas que hizo el PP el pasado año y el documento aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsado por el PSOE. En ambos casos se proponen actuaciones para fortalecer la transparencia de los ayuntamientos que la mayoría de las corporaciones municipales incumplen sistemáticamente

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¿Sabias que Esperanza Aguirre tiene mas sueldo que Zapatero?

La casta politica tiene cosas extrañas.La Presidenta de la comunidad Autonoma de Madrid gana mas dinero que el Presidente del Gobierno de todas las comunidades. ¿ Cosa Rara NO ?

Esperanza Aguirre - Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid - Nacida en: Madrid 1952 - Casada - Hijos: 2

• Salario Anual: € 108.004,00
• Salario Mensual: € 9.000,00
• Salario Semanal: € 2.160,00
• Salario Diario: € 432,00

José Luis Rodríguez Zapatero - Presidente del Gobierno de España - Nacido en: 1960 España - Casado - Hijos: 2

• Salario Anual: € 91.982,00
• Salario Mensual: € 7.665,00
• Salario Semanal: € 1.839,00
• Salario Diario: € 367,00

Fuente: Tu Salario.es

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EL CHOLLO DE LA "FAMILIA" POLÍTICA EN ESPAÑA.

Con este título comiennza el libro publicado por el periodista Daniel Montero .

Sus 280 páginas recogen los privilegios de los profesionales de la política, en un momento tan delicado como el presente. 4.500.000 parados/as dan fe de ello.

os adjuntamos un pequeño resumen de este libro que refleja una parte de la realidad de este pais de panderetas y toros. Esa realidad que al parecer no remueve las conciencias de pseudosindicalistas de mediopelo y politicos profesionales que se tapan las verguenzas unos a otros para posteriormente llegar al gran acuerdo social que siga ahondando mas en la brecha de la actual situacion.

los jodidos, " bien jodidos" y los acomodados cada vez mas acomodados.

ahi va el resumen

1.- Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio.

2.- Tal es el descontrol, que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

3.- Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros espadas de La Casta. Además estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima (32.000 euros), mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.

4.- La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5%

5.- ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga con recargo?

6.- ¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano.

7.- Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante tres semanas.

AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de Estado. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas].

ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos no se han hecho públicos.

AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para viajes.

BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función».

BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.

CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobrará en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.

CARGOS: hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.

CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún miembro de La Casta por incumplir el Código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo.

COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales.

CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley.

DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros.

DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos.

DESCONTROL: es tal en la administración de fondos públicos que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.

ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido].

FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 fundaciones distintas: 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece las más activa: es miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político.

GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.

HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%.

HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares es una práctica tan común como soterrada.

IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente. Y lo cobrará de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima del límite legal para el resto de los españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado toda su vida.

IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de Madrid sustenta con sus impuestos el salario de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y sin contar los puestos de confianza que arrastra cada uno.

JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año].

MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.

MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios que pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas.

MULTAS: ¿sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga con recargo?

MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalógamas. Las mismas entidades que ese año de crisis embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de La Casta deben a los bancos 144,8 millones de euros.

NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12 actividades extraparlamentarias.

NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta, que llenarían un estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.

OCULTISMO: no hay datos oficiales sobre el número de políticos que cobran del Estado. El alcalde de Barcelona -el mejor pagado del país- tiene un salario de 177.398 euros brutos anuales. Más que un ministro, que se lleva a casa 74.000 al año.

PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.

PLÁTANO CANARIO: 60 diputados, todos ellos de la comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, pidieron en abril irse a La Palma. Objetivo: estudiar el cultivo del plátano. Tal y como suena. Con toda naturalidad, haciendo caso omiso a la crisis. Si la obscena petición prospera, sus señorías se habrían embolsado 24.000 euros en dietas por cuatro días.

PUJOL, JORDI: cobrará 76.800 euros al año como ex presidente de Cataluña hasta 2014. Y después una pensión de 57.600 euros durante el resto de su vida. [El ex ministro socialista Javier Solana podría cobrar al menos tres pensiones vitalicias].

PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.

PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales están siendo investigados por cobrar 42.000 euros a una red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En 2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de un local de alterne, al que acudió con siete comensales.

RAJOY, MARIANO: se embolsa cada mes 8.996 euros (sin contar otros complementos): 3.126 por ser diputado, 870 para alojamiento (más que el salario mínimo) y 5.000 como presidente del PP. Con lo que gana en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio.
REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más.

SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). A Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español

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SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude.

SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.

TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi por Madrid.

VACACIONES: Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus vacaciones a las arcas públicas. Con él van más de 100 personas (escoltas, guardias civiles, asesores...). Cobran una media de 80 euros de dieta diaria, 8.000 euros por jornada sólo por este concepto. Si pasa tres semanas en Lanzarote, le cuesta al Estado 160.000 euros en dietas. A eso hay que sumar avión, desplazamientos, gasolina, manutención... Al final, 200.000 euros en vacaciones.

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¿Conoces los escandalosos privilegios en las pensiones de jubilación y sueldos de políticos y cargos públicos?

Información elaborada por © Larrauri & Martí Abogados
Fecha: 29/1/2010 Fuente : Invertia

en otros artículos nos referíamos a las pensiones públicas a la que tienen derecho la gente de “a pie” (Las 5 reglas de oro para conseguir una buena pensión de jubilación, esta vez analizamos en profundidad las pensiones de colectivos privilegiados, como los altos cargos institucionales (ministros, diputados, secrearios de Estado, etc). Precisamente, para estos altos cargos existe la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa por el arduo trabajo realizado.

Efectivamente, la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.

Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.

Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.

Y este gran privilegio lo tienen gracias a la llamada pensión parlamentaria, que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de julio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.

Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación.
Curiosamente, esta pensión parlamentaria se establece según su "Exposición de Motivos" para equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los países de nuestro entorno.
Indemnización por cese del parlamentario

Más gracioso todavía es el motivo que indican para justificar la indemnización por cese del parlamentario. Según la Exposición de Motivos del Reglamento de 11.07.2006, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.

Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio mensual 4.000 €, tendrá la gran preocupación de que cuando cese su cargo no tendrá la prestación de desempleo, así que, claro, esto supone una gran problema, por ello se establece una suculenta indemnización por cese.

Además, también se establece la indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo.

La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente.
Idénticos motivos se adujeron para justificar la indemnización por cese de los ministros, permitiendo que dicha indemnización fuera compatible con el cargo de diputado o senador o con cualquier otro tipo de remuneración.

De manera que cuando el ministro cesa en su cargo, tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo y tal percibo de cantidades la podrá compaginar con la remuneración por diputado o senador y cuando cese en el cargo de diputado o senador también tendrá derecho a una indemnización por cese que será una mensualidad por año de cargo y además tendrá asegurada la base máxima de la pensión de jubilación si ha estado en el cargo parlamentario al menos siete años.

Asimismo, podrá compatibilizar este mismo Ministro su indemnización por cesantía en el Parlamento europeo como es el caso de muchos ministros que cobran pensiones como ex comisario europeo por ejemplo compatibilizando esa pensión con su remuneración como ministro del Gobierno y cuando cese en ese cargo percibirá también la pensión del 80 % por cesantía como Ministro y así indefinidamente.

Jueces y magistrados

Más precaria es la situación de los jueces y magistrados que pasan de percibir un activo de 4.000 o 4.500 € a ser beneficiarios de una pensión de jubilación de unos 1.800 €, siempre y cuando acrediten, al menos, 35 años cotizados, lo que no es tan fácil teniendo en cuenta la edad media de ingreso en la Carrera judicial que suele oscilar entre los 31 o 32 años.

No siempre fue así el tratamiento de los jueces y magistrados jubilados en España. Antes para calcular el importe de su pensión servía como salario regulador para la jubilación el salario mayor que hubieran percibido durante dos años por lo menos, cuantía significativamente más alta que la actual pensión que se les ofrece.

Así que tanto jueces como magistrados están en pie de guerra solicitando una equiparación de la pensión de jubilación y del salario activo pidiendo que no les aplique un tope máximo de pensión para de esa manera poder percibir una pensión exactamente igual al salario que venían percibiendo durante su judicatura.

Además también están solicitando una rebaja en el período de prestación efectiva de servicios (35 años) porque no se puede empezar a trabajar como juez a los 16 años. Dicha aspiración la tenemos todos por supuesto, pero no podemos ni siquiera pedirla, ya que sería una auténtica locura que Notarios, abogados o arquitectos, por nombrar algunas profesiones que tampoco se pueden iniciar a los 16 años, tuvieran la misma pretensión que los Jueces ya que ello implicaría el fin del sistema del bienestar social y de las arcas de la seguridad social.

Sin embargo, los jueces se ven en todo su derecho. Además como su jubilación forzosa está fechada a los 70 años en vez de a nuestros 65 años, también entonan su queja de que trabajan cinco años más que el resto de los mortales por lo que es necesario que no les apliquen nuestros topes máximos de jubilación y que, en definitiva, se les pague como hace 23 años, de acuerdo con lo que efectivamente venían cobrando al momento de su jubilación.

Con todo esto desde el Gobierno hablan de austeridad y de contención económica y es muy significativo que ninguno de los ex parlamentarios o ex ministros renuncien a su indemnización por cesantía y sigan acumulando y simultaneando pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales y con el dinero de los contribuyentes.

Información elaborada por © Larrauri & Martí Abogados
Fecha: 29/1/2010 Fuente : Invertia

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